Sentencia N° 1182 Constitucional TSJ 2000: Iván Darío Badell González vs Asamblea Legislativa del Estado Mérida

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la acción de nulidad interpuesta por el Fiscal General de la República contra las normas del Título VII de la Constitución del Estado Mérida, que establecen la figura del 'Defensor de los Derechos'. Se argumenta que la Asamblea Legislativa del Estado incurrió en usurpación de funciones al crear un órgano con competencias que corresponden al Ministerio Público, violando así la Constitución de 1961. La decisión establece que la creación de dicho defensoría es inconstitucional y se anulan todas las disposiciones relacionadas con ella.

La petición de nulidad se fundamentó en razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, aduciéndose en primer término su contrariedad al Texto Fundamental de 1961, pues, a decir de la parte accionante, el referido instrumento normativo vulnera las previsiones contenidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución de 1961 que consagraban el principio de autonomía estadal, así como los postulados contenidos en los artículos 117, 118 y 119 eiusdem, referidos al principio de la legalidad, a la separación de los Poderes Públicos y la ineficacia de los actos dictados en usurpación de funciones; y que viola también la norma contenida en el artículo 136 ordinal 23º del mismo Texto Constitucional, que consagraba la competencia del Poder Nacional para regular lo relativo al Ministerio Público, supuestos que se encuentran actualmente regulados en los artículos 136, 137, 159, 164, único aparte, 138 y 156, numeral 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta por el Fiscal General de la República, contra las normas previstas en los artículos referentes al 'Defensor de los Derechos', contenidos en el Título VII de la Constitución del Estado Mérida, aprobada por la entonces Asamblea Legislativa del Estado Mérida en fecha 7 de noviembre de 1995 y publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado N° 7 Extraordinario, de fecha 20 de abril de ese mismo año. En consecuencia, quedan ANULADAS todas las disposiciones previstas en los artículos contenidos en el Título VII de la Constitución del Estado Mérida relativos al 'Defensor de los Derechos'. Se fijan los efectos de este fallo con carácter ex nunc, es decir, a partir de la publicación de este fallo por la Secretaría de esta Sala Constitucional.