Sentencia N° 118 Constitucional TSJ 2001: HENRIQUE FERNANDO SALAS-RÖMER y JESÚS ENRIQUE… — La inconstitucionalidad de la Ley de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la medida cautelar solicitada por los ciudadanos Henrique Fernando Salas-Römer y Jesús Enrique Ganem Arenas, quienes impugnaron la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Carabobo. La Corte argumenta que la ley impugnada presenta vicios de inconstitucionalidad, ya que se alegó que la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo usurpó competencias del Poder Nacional al regular materias que son de su exclusiva competencia. Además, se señala que el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de la ley no cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución del Estado Carabobo, lo que vicia su formación.

La acción popular de inconstitucionalidad interpuesta en autos contra la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Carabobo, era, para el momento de su interposición, competencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 215, numeral 4 de la derogada Constitución, en concordancia con lo previsto en los artículos 216 eiusdem y 42, ordinal 3° y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La exclusividad a la que alude el mencionado artículo 334 en materia de inconstitucionalidad, está referida a la nulidad de actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. De lo anterior emerge, de forma indubitable, que el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo.

Se ACUERDA LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por los ciudadanos Henrique Fernando Salas-Römer y Jesús Enrique Ganem Arenas, actuando con el carácter de Gobernador del Estado Carabobo y Procurador de la referida entidad territorial, respectivamente, y asistidos por los abogados en ejercicio Allan R. Brewer-Carías, Gerardo Fernández V. y María A. Correa Martín, en el sentido de suspender los efectos de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Carabobo, y en consecuencia se ORDENA a la administración estadal, abstenerse de actuar en ejecución de la referida Ley, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente juicio de nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Carabobo.