Sentencia N° 1171 Constitucional TSJ 2000: Carmen Teresa Brea Escobar vs Manuel Quijada — Acción de amparo constitucional de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Teresa Brea Escobar, quien impugnó decisiones de no reincorporación y suspensión en su cargo de Juez. La Sala declaró improcedente la acción de amparo, argumentando que la decisión de suspensión no prejuzga sobre el fondo del asunto y que no se violaron los derechos al debido proceso y a la defensa. Además, se aclaró que no existió un acto de exclusión por parte de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

La nueva Carta Magna, vigente a partir de su publicación original en la Gaceta Oficial nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999 -después de su aprobación por el pueblo mediante referendo del día 15 del mismo mes y año- constituye dentro del ordenamiento jurídico de Venezuela, cuerpo de normas de obligatoria y preferente aplicación por los Tribunales y demás órganos del Poder Público. Dicho texto fundamental, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000, a continuación de la Exposición de Motivos elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, consagra en su Título III los Derechos y Garantías de los cuales goza toda persona. Entre ellos destaca, dentro de los derechos civiles, el contenido del artículo 49, precepto que estatuye su aplicación a todas las actuaciones judiciales y administrativas, precisando como consecuencia de ello que: “1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra si misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicios por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana CARMEN TERESA BREA ESCOBAR, contra: 1) la decisión de no reincorporación suscrita por el ciudadano Manuel Quijada, Presidente de la Comisión de Emergencia Judicial, en fecha 17 de diciembre de 1999, que dejó sin efecto la Resolución de reincorporación emanada de la referida comisión el 13 de diciembre del mismo año. 2) la decisión de fecha 2 de marzo de 2000 emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publicada en Gaceta Oficial nº 36.925, por la cual se le suspende del ejercicio del cargo de Juez titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sin goce de sueldo por el lapso de seis (6) meses. 3) la supuesta decisión de exclusión contenida en la declaración de prensa de fecha 12 de abril de 2000, formulada por el ciudadano Manuel Quijada en su condición de Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publicada en fecha 13 de ese mismo mes y año por diversos medios de comunicación social impresos. No obstante, como quiera que la suspensión impuesta a la Juez Carmen Teresa Brea Escobar como medida sancionatoria concluye el 4 de octubre de 2000, debe ser reincorporada, a partir de dicha fecha, a su cargo de Juez Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por cuanto nunca existió acto alguno de exclusión por parte de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Por otra parte, respecto del procedimiento disciplinario ordenado en la decisión de fecha 2 de marzo de 2000 emanada de la referida Comisión, aclara esta Sala Constitucional que la Juez Brea Escobar no es susceptible de suspensión mientras se lleve a cabo dicho procedimiento.