Sentencia N° 1158 Constitucional TSJ 2000 — La acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras. Se argumenta que las normas impugnadas han perdido su vigencia, por lo que no hay acto susceptible de ser anulado. Además, se declara inadmisible la acción de amparo constitucional solicitada por los recurrentes, dado que la acción principal fue declarada inadmisible.

Los apoderados judiciales de la parte recurrente, señalaron que las normas impugnadas resultan inconstitucionales por considerar en primer lugar, que al establecer el artículo 18 de la Ley objeto de estudio, que en “(...) los casos de intervención la compensación no opera de pleno derecho. La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras establecerá, mediante normas de carácter general, las condiciones y límites dentro de los cuales sea procedente la compensación”, viola los artículos 136 ordinal 24° y 139 de la Constitución de 1961, relativos a la competencia del Poder Legislativo Nacional y a la reserva legal, pues consideran que el Legislativo delegó en la Superintendencia de Bancos la regulación de una situación que sólo se podría normar en virtud de una ley formal. Asimismo, expresaron que el artículo 21 de la referida Ley, viola el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 68 de la Constitución de 1961, y que con dicha norma -señalaron- incurrió además el Legislativo, en el vicio de usurpación de funciones del Poder Judicial, toda vez que dispone, que “Durante el régimen de intervención y mientras dure el proceso de rehabilitación, así como durante la liquidación, si fuere el caso, no podrá acordarse o deberá suspenderse toda medida preventiva o de ejecución contra la institución financiera afectada...”. Asimismo, señalaron que el único aparte de artículo 31 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, vulnera sus derechos a la vida privada, a la igualdad y a no ser discriminados, previstos en los artículos 59 y 61 de la Constitución de 1961, pues dicha norma exige a los miembros de las juntas directivas de los bancos y otras instituciones financieras, administradores, auditores externos, comisarios e interventores, presentar por ante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras una declaración jurada de patrimonio. Y que el artículo 33 de la Ley in commento, al establecer que “No gozarán de los beneficios de la Ley de Libertad Provisional bajo Fianza ni de la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, las personas que estén incursas en los delitos previstos en la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras”, viola el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso previstos en los artículos 60 y 68 de la Constitución de 1961.

1.- INADMISIBLE la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra las disposiciones contenidas en los artículos 18, 21, 31 aparte único y 33 de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencia de las Instituciones Financieras, aprobada el 8 de marzo de 1994 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418 de fecha 10 de marzo de ese mismo año. 2.- INADMISIBLE, la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra las disposiciones contenida en la Resolución Nº 078-94 emanada de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras en fecha 29 de junio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.493 de fecha 30 de junio de ese mismo año. 3.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por los recurrentes. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.