Sentencia N° 1141 — Sala Constitucional del TSJ, 28 de noviembre de 2024

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, ha declarado con lugar la solicitud de revisión presentada por los apoderados judiciales de Henry Vladimir Fermi Landi, anulando la sentencia dictada el 3 de junio de 2021 y su aclaratoria del 9 de junio de 2021, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito. La decisión original había declarado con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, extinguiendo el proceso en un juicio por cumplimiento de contrato. La Sala consideró que el Juzgado de origen había obviado el criterio jurisprudencial vinculante sobre la sumisión tácita al arbitraje, lo que llevó a una decisión errónea respecto a la falta de jurisdicción. Se determinó que las partes habían manifestado su intención de someterse a arbitraje, lo que invalidaba la declaración de falta de jurisdicción. Finalmente, se ordenó la reposición de la causa al estado en que se encontraba antes de la decisión de falta de jurisdicción, permitiendo así la continuación del juicio por cumplimiento de contrato.

Las cuestiones previas son los medios que la Ley pone a disposición de la parte demandada para diferir, impedir, enervar o destruir la acción del demandante, siendo naturaleza corregir los vicios y errores procesales que están implícitos en la acción intentada, sin conocer sobre el fondo del asunto, purificando el proceso de todos los vicios que pueda adolecer y garantizando el verdadero ejercicio del derecho a la defensa que prevé el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe señalar que, las cuestiones previas cumplen una función de saneamiento y suponen la solución de cualquier asunto susceptible de distraer la atención de la materia referente al meritumcausae, facilitando la labor del Tribunal y evitando todo el trámite posterior para concluir en una sentencia final que declare la nulidad del proceso o la falta de un presupuesto procesal, debiendo indicarse además que pueden ser clasificadas en cuatro grupos según el tratamiento procedimental y los efectos que les asigna la Ley, tales como: asuntos sobre declinatoria de conocimiento; cuestiones subsanables; cuestiones que obstan la sentencia definitiva y cuestiones de inadmisibilidad las cuales impiden la atendibilidad de la pretensión únicamente sin cuestionar el derecho subjetivo sustancial en que ella se fundamenta, ni menos aún la acción, entendida ésta en sentido abstracto, valga decir, como un derecho de pedir al Estado la actuación de la garantía jurisdiccional. La normativa impide considerar y hacer juicio sobre la pretensión con base a dos supuestos, la exceptio res iudicota y la caducidad de la acción; o bien, con base a una causal genéricamente establecida sobre la base de prohibiciones expresas en la Ley. En el sub iudice la parte demandada opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a ‘La falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste, o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse o otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia...’; sobre lo cual es menester precisar que, la jurisdicción es la voluntad concreta de la ley, es el poder en que están investidos los jueces para administrar justicia, definición subjetiva, o bien como el conjunto de negocios o asuntos sometidos o encomendados a la autoridad judicial. Así, la representación judicial de la parte demandada, alega que el contrato de participación cuyo cumplimiento demanda la parte actora, contiene una cláusula de arbitraje, por lo que, el poder judicial no tiene jurisdicción para conocer del presente asunto. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 258, el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para las resolución de conflictos. De tal manera, que el arbitraje constituye excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver, por imperio de la ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento, en uso del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y la garantía de acceso a la justicia, previstos en el artículo 26 del texto constitucional. En este orden de ideas, la doctrina y la jurisprudencia han considerado al arbitraje como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, las cuales mediante una voluntad expresa, convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento del Poder Judicial (acuerdo este que también podría ser posterior, esto es, ya iniciada una causa judicial), las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico, sobrevengan entre ellas. En tal sentido, el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.430 del 7 de abril de 1998, señala: ‘...El 'acuerdo de arbitraje' es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunos de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria…’ De lo anterior, señala el Tribunal que cuando en una cláusula contractual esté incluido un acuerdo de arbitraje, este adquiere carácter vinculante para las partes que han suscrito el contrato, quienes por el acuerdo se obligan a dirimir sus controversias ante árbitros y renuncian a acudir ante los órganos jurisdiccionales ordinarios. De igual manera, la primera parte del artículo 6 de la citada Ley de Arbitraje Comercial, dispone que: ‘...El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje...’. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1.067, de fecha 3 de noviembre de 2010, estableció con carácter vinculante, el criterio siguiente: ‘...El análisis judicial de las instituciones del arbitraje debe abandonar cualquier postura dogmática o excluyente que genere el sobredimensionamiento del aspecto contractual que da origen al sometimiento de las partes al sistema arbitral, de forma tal que se desconozca la necesaria participación de los órganos del Poder Judicial para la efectividad de ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos -vgr. Medidas cautelares-; o bien que asuma una visión hipertrofiada de la actividad jurisdiccional, que termine por afectar el núcleo esencial del sistema de arbitraje como un medio idóneo y eficaz para la resolución de conflictos (...). En definitiva, sobre la base de las consideraciones expuestas respecto al principio de competencia-competencia y a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje los órganos del Poder Judicial sólo pueden realizar un examen o verificación 'prima facie', formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que debe limitarse a la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito (...). Ahora bien, es de hacer notar que el anterior criterio no comporta la negación de las competencias del Poder Judicial relativas a la interposición de los recursos o consultas establecidos en el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable, por lo que en aquellos casos en los cuales ante una demanda o acción interpuesta ante los tribunales se plantee la falta o regulación de jurisdicción, resulta plenamente aplicable el contenido de los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (...). Respecto a la procedencia de la denominada Renuncia Tácita al Arbitraje' (...), cabe destacar que la misma debe vincularse directamente con el necesario análisis de la actividad desarrollada por las partes en el juicio, en la medida en que se debe formular un examen respecto de si las conductas procesales de las partes en disputa expresan una indiscutible orientación de someterse al arbitraje, y no, una fraudulenta intención de sujetar los conflictos a ese medio alternativo, lo cual debe ahora asumirse con carácter vinculante, conforme a las consideraciones expuestas en el presente fallo…", "palabras_clave": [ "cuestiones previas", "jurisdicción

1.- HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por los abogados Eumelia Castillo de Modugno y Ramón Ignacio Modugno Martínez, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano HENRY VLADIMIR FERMI LANDI, ya identificado, de la sentencia dictada el 3 de junio de 2021 y su aclaratoria del 9 de junio de 2021, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2.- Se ANULAN la sentencia dictada el 3 de junio de 2021 y su aclaratoria del 9 de junio de 2021, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 3.- Se REPONE la causa al estado en que se encontraba para la oportunidad procesal correspondiente en que fue declarada con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción. 4.- INOFICIOSO pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada.