Sentencia N° 1130 Constitucional TSJ 2000: Centro Comercial DON Pedro C.A. — Apelaciones en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación de una acción de amparo constitucional interpuesta por el Centro Comercial Don Pedro C.A. contra una medida de secuestro decretada sobre un inmueble. La Sala declaró con lugar las apelaciones, revocando la sentencia anterior que había declarado con lugar la acción de amparo, y anulando la medida de secuestro, argumentando que el demandante no era parte en el juicio original donde se dictó dicha medida. Se concluyó que el amparo era la vía idónea para restablecer la situación jurídica infringida, dado que la medida de secuestro afectaba derechos fundamentales del demandante.

La presente acción de amparo constitucional ha sido ejercida contra las actuaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario de esa Circunscripción Judicial, que decretó el secuestro preventivo sobre un inmueble, propiedad de la sociedad mercantil Centro Comercial Don Pedro C.A., ubicado en la Avenida Mendoza, frente al Cuartel Militar, Jurisdicción del Municipio Cristóbal Mendoza, Distrito y Estado Trujillo, según se desprende de la copia certificada del documento público que consignara la parte actora, marcado “C”, cursante a los folios 19 y 20 del expediente, protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Trujillo en fecha 1 de febrero de 1985, bajo el Nº 6, folio 18 del Protocolo Tercero, Primer Trimestre del mismo año. Atendiendo a lo antes expuesto, se observa que las actuaciones que se denuncian como atentatorias del derecho a la defensa y al debido proceso corren insertas a los folios 24 al 28 del presente expediente, y que con las mismas el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario de esa Circunscripción Judicial, decretó el secuestro preventivo sobre un inmueble, propiedad de la señalada sociedad mercantil. Ahora bien, estima la Sala que de lo antes señalado no se desprende efectivamente la violación de los derechos que alega conculcados el accionante, puesto que la sociedad mercantil Centro Comercial Don Pedro C.A., no es parte en el juicio que por partición de comunidad hereditaria e indemnización de daños y perjuicios por privación de la legítima, incoara el abogado Rafael Maldonado, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Mercedes Onelia Torres de Benítez y de la sucesión de María Consuelo Torres de Llavaneras, en virtud de que la propiedad del referido inmueble fue traspasada de pleno derecho por sus legítimos propietarios Pedro José Torres Cegarra, Maigualida De Jesús de Torres, Pedro José Torres De Jesús, Guillermo Torres De Jesús y Leonardo Torres De Jesús, según consta en autos.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR las apelaciones ejercidas por el ciudadano JOEL BRASCHI SANTOS, en su carácter de Juez Provisorio Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Agrario y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, y por el abogado RAFAEL MALDONADO, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MERCEDES ONELIA TORRES DE BENITEZ y de la Sucesión de MARIA CONSUELO TORRES DE LLAVANERAS, representada por el ciudadano FRANCISCO JOSE LLAVANERAS TORRES, contra la sentencia dictada en fecha 13 de agosto de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, la cual se REVOCA. En consecuencia, se declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la empresa CENTRO COMERCIAL DON PEDRO C.A., contra el auto de fecha 22 de junio de 1999 emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Agrario y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, contentivo de la medida de secuestro decretada sobre el inmueble propiedad de la empresa accionante, la cual tiene plena vigencia.