Sentencia N° 1128 Constitucional TSJ 2001: SERVIO TULIO CASTILLO MOLINA y JORGE GILBERTH… vs Cuerpo Técnico de Policía Judicial

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró con lugar la demanda de amparo constitucional interpuesta por Servio Tulio Castillo Molina y Jorge Gilberth Amaya León contra el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Los demandantes alegaron violaciones a sus derechos a la defensa, estabilidad laboral y cosa juzgada administrativa, tras ser excluidos sin el debido procedimiento administrativo. La Sala concluye que la exclusión fue una vía de hecho que lesionó sus derechos constitucionales.

Esta Sala Constitucional para decidir observa: 1. De autos se desprende que el ciudadano Rafael Darío Hidalgo Delgado, Jefe de la División General de Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, envió el 30 de septiembre de 1997, al Jefe de la Delegación del Estado Aragua y al Jefe de la Seccional de Villa de Cura, los memorandos en los cuales excluyen de la nómina a los agentes Jorge Gilberth Amaya León y Servio Tulio Castillo Molina. Dichos “memorandos de exclusión” se fundamentaron en que los prenombrados agentes no cumplían los requisitos para seguir prestando servicio en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. 2. En el escrito de informe presentado por el ciudadano José Ramón Lazo Ricardi, en su carácter de representante del organismo agraviante -Cuerpo Técnico de Policía Judicial-, señaló que: “...los precitados ciudadanos [se refiere a los agentes Jorge Gilberth Amaya León y Servio Tulio Castillo Molina] fueron excluidos de conformidad a lo establecido en el artículo 37 del Título IV, Capítulo I, Sección Tercera de la Ley de Carrera Administrativa, que estipula un período de prueba que no debe exceder de seis (06) meses, según lo dispuesto en el artículo 141 del Título IV, Capítulo I, de la Sección Cuarta del Reglamento General de la misma Ley.” Asimismo, señaló que: “En relación a la supuesta medida de destitución anunciada en el diario El Aragueño en fecha 13 de enero de 1998 en contra de los precitados, debemos dejar constancia que en ningún caso la Dirección General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial notificó a los medios de comunicación social que los ex-funcionarios Castillo y Amaya fueron destituidos de sus cargos...”. 3. Ahora bien, la demanda de amparo constitucional se fundamentó en que el Cuerpo Técnico de Policía Judicial vulneró los derechos a la defensa, a la estabilidad laboral y a la cosa juzgada administrativa de los demandantes, por cuanto fueron excluidos del mencionado Cuerpo, con base en un texto normativo -Ley de Carrera Administrativa- que no es aplicable a dichos funcionarios y sin que mediara procedimiento previo.

CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 14 de mayo de 2000, declaratoria con lugar de la demanda de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Jorge Gilberth Amaya León y Servio Tulio Castillo Molina contra el Cuerpo Técnico de Policía Judicial.