Sentencia N° 1124 Constitucional TSJ 2000: MARCIAL RAFAEL JÁUREGUI RODRÍGUEZ y PETRA… vs Aura Rosalía Lozada de Olivo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Marcial Rafael Jáuregui Rodríguez y Petra Yomenia Moreno de Jáuregui. La acción se fundamentó en la presunta violación del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, tras la admisión de una apelación en un procedimiento de entrega material que no admite tal recurso. La Sala revoca la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia y ordena que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Consta en autos que, en fecha 5 de octubre de 1999, en la oportunidad de llevarse a cabo el acto de entrega material, el ciudadano Rubén Elías Rodríguez Lobo, obrando con el carácter de abogado asistente de los ciudadanos Marcial Rafael Jáuregui Rodríguez y Petra Yomenia Moreno de Jáuregui, hizo oposición a la citada entrega; que, en fecha 21 de enero de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda declaró con lugar dicha oposición y, en consecuencia, revocó la entrega material en cuestión; que, en fecha 28 de febrero de 2000, el referido Juzgado de Primera Instancia admitió, en ambos efectos, la apelación ejercida por la ciudadana Aura Lozada de Olivo, solicitante de la entrega material, contra la providencia revocatoria de dicha entrega; y que, en fecha 30 de marzo de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la citada Circunscripción Judicial declaró sin lugar la acción de amparo ejercida contra la providencia que admitió, en ambos efectos, la apelación interpuesta por la solicitante de la entrega material. En las circunstancias que anteceden, la Sala comparte la tesis, afirmada por el a quo, de la aplicabilidad, en el caso de autos, de la disposición prevista en el artículo 896 del Código de Procedimiento Civil, según la cual, las providencias que se dicten en materia de jurisdicción voluntaria son apelables, salvo disposición especial en contrario. Sin embargo, en el caso del procedimiento de entrega material del bien vendido, si la entrega ha sido revocada, la apelación no puede oírse sino en el efecto devolutivo, toda vez que, de oírse en el efecto suspensivo, la propia providencia revocatoria quedaría en suspenso, causando con ello perjuicio al opositor a la entrega y anticipando el efecto favorable de un recurso aún no juzgado. En consecuencia, y visto que, en el caso de autos, el derecho constitucional al debido proceso comprende el derecho a la ejecución provisional de la sentencia dictada en primera instancia, el auto del Juzgado de Primera Instancia que admitió la apelación en ambos efectos, violatorio del citado derecho, debe ser revocado. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo ejercida por los ciudadanos Marcial Rafael Jáuregui Rodríguez y Petra Yomenia Moreno De Jáuregui contra el auto dictado, en fecha 28 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, REVOCA la sentencia apelada, de fecha 30 de marzo de 2000, emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la citada Circunscripción, y REPONE la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia se pronuncie de nuevo en torno al recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Aura Rosalía Lozada de Olivo.