Sentencia N° 1122 Constitucional TSJ 2001: INVERSIONES y CONSTRUCCIONES DAFEL 33, C.A. vs Inversiones Jorca, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de amparo constitucional interpuesta por Inversiones y Construcciones Dafel 33, C.A. contra la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Anzoátegui, que había declarado con lugar la apelación de Inversiones Jorca, C.A. La Sala consideró que la decisión impugnada violó el derecho a la defensa y al debido proceso de la demandante, al no permitirle presentar alegatos ni pruebas en el proceso. Además, se ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada y se fijó una audiencia constitucional.

La Sala ha considerado que es inadmisible el amparo propuesto contra una decisión que decida en última instancia otro juicio de amparo constitucional. La excepción a dicha regla es que en el nuevo amparo se denuncien agravios que no hayan sido juzgados en la sentencia impugnada. En este sentido, se pronunció esta Sala el 2 de marzo de 2000, al establecer: "Ahora bien, observa la Sala que la vía extraordinaria del amparo se agotó con la apelación o consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, una vez revisada la decisión en segunda instancia, ésta quedó firme. Ello es así, por cuanto este medio no puede convertirse en una cadena interminable de acciones, lo cual, además de contribuir a anarquizar el sistema procesal desvirtuaría su esencia breve y expedita y crearía inseguridad jurídica para quien ejerce esta vía extraordinaria, por cuanto no garantizaría los derechos protegidos en su fallo, el cual podría ser objeto de modificación, cuando el que resultare vencido, ejerciera una nueva acción de amparo contra la decisión que lo desfavorece." En el presente caso, la hoy accionante, como se dijo, ejerció apelación en el juicio de amparo constitucional incoado por su contra parte la cual ya fue decidida, por lo tanto, agotada como ha sido la doble instancia no puede ejercerse un nuevo amparo –tal como ocurre en el caso de autos- contra ésta última decisión, motivo por el cual la presente acción resulta inadmisible, y así se declara.

ADMITE la demanda de amparo intentada por INVERSIONES y CONSTRUCCIONES DAFEL 33, C.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 17 de febrero de 2000. ORDENA: 1.- Notificar de esta decisión al Juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, acompañando al oficio correspondiente copia de la decisión y del escrito de amparo, y haciéndole saber que podrá hacerse presente en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por órgano de la Secretaría de la Sala, a fin de que exponga lo que estime pertinente acerca de la demanda de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Su ausencia no comportará la consecuencia prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 2.- Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui notifique de esta decisión a quien obró como parte demandante, en el proceso seguido en segunda instancia por ante dicho Tribunal, y cuya dirección procesal es la siguiente: Calle Sucre, Centro Comercial New Port Center, piso 1, oficina 8, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Cumplida esta actuación, el citado Juzgado se servirá informar inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional. 4 - Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones ordenadas. Y ACUERDA la medida cautelar solicitada. En consecuencia, se suspenden los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 17 de febrero de 2000.