Sentencia N° 1121 Constitucional TSJ 2001: Eduardo José Becerra vs María Materán y otros — La improcedencia de la acción de amparo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por Eduardo José Becerra contra una sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo. La acción fue declarada improcedente debido a que el tribunal de la causa no actuó fuera de su competencia y no se encontraron indicios de violación de derechos constitucionales. La Sala revocó la sentencia consultada y declaró improcedente la acción de amparo.

En primer lugar corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la consulta de una decisión recaída en primera instancia en un juicio de amparo que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le ha sido sometida por el tribunal que la dictó, cual es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y, en tal sentido, reiterando los criterios asentados por esta Sala respecto de la distribución de competencias para conocer de la acción de amparo, contenidos en sentencias de 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja), 14 de marzo de 2000 (caso: Elecentro) y 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer de la presente consulta, y así se declara. Toca ahora a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta formulada, a cuyo fin observa lo siguiente: La decisión consultada declaró inadmisible la acción de amparo de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consideración a que el tribunal de la causa solicitó al accionante desde el 27 de julio de 2000, consignar copias certificadas de las actuaciones impugnadas, concediéndole cinco días de despacho para hacerlo, sin que, hasta el 9 de agosto de 2000, el accionante las hubiere consignado. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que cuando la solicitud de amparo no reuniere los requisitos previstos en el artículo 18 eiusdem, y el accionante no procediere a subsanar la falta dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido notificado de ella, la acción de amparo será declarada inadmisible. No obstante, en sentencia del 1° de febrero de 2000, al determinar el procedimiento a seguir en la acción de amparo de conformidad con los principios y preceptos consagrados en la vigente Constitución, esta Sala estableció que la necesaria copia certificada de la sentencia o actuación judicial accionada, puede ser consignada hasta la oportunidad de realizarse la audiencia constitucional, en el entendido de que se hubiere acompañado copia simple de la misma a la solicitud de amparo.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia consultada, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 9 de agosto de 2000, y Declara IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta el 25 de abril de 2000, ante el referido Juzgado Superior, por Eduardo José Becerra, representado judicialmente por el abogado Fernando Zapata Oviedo, contra sentencia dictada el 28 de marzo de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio por resolución de contrato intentado por María Materán y otro, contra el accionante de la presente causa.