Sentencia N° 1113 Constitucional TSJ 2000 — La inadmisibilidad de la acción de nulidad por…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta contra disposiciones de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras. Se argumenta que la ley impugnada ha perdido su vigencia, lo que hace que no haya un acto susceptible de ser anulado. Además, se declara inadmisible la acción de amparo constitucional solicitada de manera conjunta por los recurrentes.

El fundamento de la presente acción de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad, lo constituyen los siguientes motivos: En opinión de los recurrentes, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la mencionada Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, el legislador confirió la facultad reglamentaria constitucionalmente otorgada al Ejecutivo Nacional en un ente descentralizado como lo es la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y en tal sentido, consideran vulnerado lo dispuesto en el ordinal 24 del artículo 136 de la Constitución de 1961, que reservaba la competencia del Poder Nacional para legislar en diversas materias (civil, penal, mercantil, penitenciaria y de procedimientos), toda vez que en virtud del referido artículo 18 de la Ley in commento, se dispuso que en “(...) los casos de intervención la compensación no opera de pleno derecho...”, y que sería la Superintendencia quien fijaría las normas, las condiciones para ello. En relación al aparte único del artículo 31 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras -conforme al cual se les exige la presentación de una declaración jurada de patrimonio ante la Superintendencia de Bancos-, señalaron los recurrentes, que dicha norma vulnera el derecho constitucional a la intimidad y la vida privada previsto en el artículo 59 de la Constitución de 1961, y que además, violenta las disposiciones contenidas en el artículo 84 eiusdem que consagra el derecho al trabajo, por constituir la presentación del referido documento, un requisito para quienes aspiraban desempeñarse en los cargos enunciados en el artículo 31 aparte único de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras y que por tanto, resultaba contrario al principio de proporcionalidad de la norma.

1.- INADMISIBLE la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados René Lepervanche Michelena, Guillermo Ponce Trujillo, Homero Moreno Duque, Irama Calcaño Monsalve, Juan Carlos Sosa, Ana Sofía Papanicolaou, José M. Tellería, Juan Infante, Nelson Calderón y Carlos Julio Fernández Vega, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 6.094, 8.752, 10.402, 1.799, 15.858, 45.089, 24.940, 41.407, 46.880 y 42.813, respectivamente, contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencia de las Instituciones Financieras, aprobada el 8 de marzo de 1994 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418 de fecha 10 de marzo de ese mismo año. 2.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional solicitada de manera conjunta por los recurrentes.