Sentencia N° 1109 — Sala Constitucional del TSJ, 12 de mayo de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por GRUPO RUST INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A. contra la decisión del Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo. La acción se fundamentó en la alegación de que la suspensión del despacho el 9 de abril de 2002 afectó el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que se redujo el término para contestar la demanda. La Sala considera que la suspensión del despacho debe aplicarse a todos los casos en curso, garantizando así la igualdad ante la ley.

En primer lugar, debe esta Sala pronunciarse en relación a su competencia para conocer en consulta la presente acción de amparo constitucional, y en tal sentido, reiterando los criterios asentados en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja); del 14 de marzo de 2000 (Caso: ELECENTRO); y del 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), la Sala se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara. Una vez declarado su competencia para conocer la presente consulta, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pasa esta Sala a decidir, para lo cual observa: De conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, la contestación de la demanda se presentará al tercer día de despacho, contados desde el día de la citación y, en el caso de que se hayan opuesto cuestiones previas, al tercer día siguiente al día en el que fueron decididas. Es decir, tienen que transcurrir tres días de despacho para que se cumpla el término de contestación. En el caso sub iudice, se observa que la sentencia interlocutoria que decidió las cuestiones previas tuvo lugar el 4 de abril de 2002, y el 5, 6, 7 y 8 de abril no hubo despacho en el referido Juzgado. Se evidencia de autos (folio 28), circular emanada de la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 9 de abril de 2002, en la que se le informa a los tribunales que funcionan en el edificio José María Vargas, entre los que se encuentra el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que el acceso al mencionado edificio fue restringido debido a unos brotes de violencia surgidos a sus alrededores, atendiendo a lo cual se suspendió el despacho en dichos juzgados. Atendiendo a lo señalado anteriormente, el 9 de abril de 2002, no hubo despacho, independientemente del tipo de actuación a realizar en dicho juzgado. Es decir, la suspensión del despacho afecta a todas las causas que se siguen en ese juzgado, y no solamente a las que así lo decida el juez, ya que de tal forma se estarían violando los derechos constitucionales a la defensa y a la igualdad en el proceso. Es así como se observa que el 10 de abril fue el primer día de despacho, el 11 de abril el segundo, y el tercero el 16 de abril, fecha en la que correspondía ser contestada la demanda. En la sentencia accionada, el tribunal de la causa señaló que efectivamente fue suspendido el despacho pero, haciendo la distinción en aquellos procedimientos en los que se vencía un lapso o correspondía una actuación ese mismo día, para los cuales se concedió un día más. Asimismo señaló que, como en la causa estudiada no se encontraba en los presupuestos señalados, no se modificó ningún término o lapso. Como fue señalado anteriormente, el artículo 21 de la Constitución establece que la igualdad ante la ley debe ser real y efectiva, para lo cual el legislador garantizará las condiciones jurídicas y administrativas que lo permitan. El tribunal accionado, al reducir el término de tres días de despacho que disponía la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, a dos días de despacho, lesionó la garantía constitucional a la igualdad ante la ley, ya que discrecionalmente decidió a quiénes no se le aplicaba la suspensión del despacho, la cual respondía a una situación que era común a todos como lo eran los brotes de violencia que se suscitaron alrededor del tribunal.

CONFIRMA la decisión dictada el 31 de mayo de 2002 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Leonardo Sequera y María Julia Salazar, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GRUPO RUST INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A. (antes denominada Earth Tech Venezuela C.A) en contra de la decisión dictada, el 23 de abril de 2002 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.