Sentencia N° 110 Constitucional TSJ 2001: Carmen Rosario Rojas — Incompetencia en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Rosario Rojas, quien impugnó un acto administrativo que la removió de su cargo. La Sala analizó su competencia para conocer la acción y determinó que el acto impugnado no emanaba de altos funcionarios según lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que la hacía incompetente para conocer del caso. La Sala destacó que el acto administrativo cuestionado provenía del Director de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Guárico, lo que implica que la acción de amparo debía ser conocida por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo con competencia territorial en dicho estado. La Sala concluyó que la acción de amparo no era procedente en este caso y se declaró incompetente para conocer de la misma, ordenando el envío de los autos al tribunal correspondiente. Finalmente, la Sala enfatizó que la interposición de acciones de amparo debe ser excepcional y no debe sustituir los recursos contencioso-administrativos ordinarios, subrayando la importancia de seguir el orden procesal establecido.

De manera previa, estima pertinente la Sala analizar si resulta competente para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta en el presente caso. A tal efecto, se observa que la Sala, respecto a su propia competencia para conocer acciones de amparo, ha especificado en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja) los principios que deben regir a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Con relación a la competencia de la Sala Constitucional para conocer en primera instancia de acciones de amparo constitucional, modalidad utilizada en la acción en conocimiento, se ha señalado que la misma se circunscribe a las acciones de amparo que tengan como objeto los actos emanados de los altos funcionarios previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, e igualmente los otros funcionarios de igual jerarquía, aun cuando no estén expresamente mencionados en la citada norma. En el presente caso, el acto que se considera lesivo, emana del Director de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Guárico. Ello implica que el acto contra el cual se interpone la acción de amparo constitucional no emana de ninguna de las altas autoridades previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo antes mencionado y, como consecuencia, esta Sala carece de competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional. Así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional. Se ordena, de acuerdo a lo antes señalado, remitir los autos al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo con competencia territorial en el Estado Guárico. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.