Sentencia N° 110 Constitucional TSJ 2000: Susy Zulay Alcala Rivera — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en respuesta a una acción de amparo presentada por la Defensora Público Séptimo de Presos, en representación de Susy Zulay Alcala Rivera, contra una decisión del Juzgado Superior Primero en lo Penal. La Sala admitió la acción y ordenó notificaciones y la fijación de una audiencia constitucional. El magistrado disidente, Héctor Peña Torrelles, expresó su desacuerdo con la decisión, argumentando que la Sala no tenía competencia para conocer de acciones de amparo contra decisiones judiciales, según lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo anterior, estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió conocer de la acción de amparo constitucional, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, a los fines de la continuación del proceso, lo siguiente: 1º) Notificar mediante oficio a los integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, que le haya correspondido el conocimiento de la presente acción de amparo, para que concurran a enterarse del día y hora en que tendrá lugar la audiencia constitucional oral y pública que fije esa Secretaría, a fin de que en su oportunidad expresen los argumentos que estimen convenientes. Al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de la acción de amparo; 2º) Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la notificación; 3º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.