Sentencia N° 1098 Constitucional TSJ 2000: Bruno Zulli Kravos vs Consorcio Maderero Forestal (COMAFOR) — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Bruno Zulli Kravos contra una sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La acción fue planteada debido a la supuesta violación de derechos constitucionales en el proceso de nulidad de cesión de acciones. La Sala determinó que el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito era competente para conocer la apelación de la decisión impugnada, y ordenó la remisión de copias certificadas del auto de admisión de la demanda y de las diligencias realizadas en el juicio de nulidad.

La Constitución vigente, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual “…será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad…”; siendo la autoridad judicial competente para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. Así, por lo que respecta a la acción de amparo constitucional contra sentencias, establece el artículo 4 de la referida Ley especial que debe ser interpuesta por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento. En el presente caso, la acción de amparo fue planteada contra actuaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por lo que resultaba en efecto competente el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

En vista de lo anterior se ordena oficiar al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas a fin de que remita a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela dentro del lapso perentorio de tres (3) días continuos contados a partir de que conste en autos su notificación, las copias certificadas señaladas en el párrafo anterior que corren insertas al expediente nº 97-1193, contentivo de dicho juicio. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.