Sentencia N° 1096 Constitucional TSJ 2001: Gladys Corothie vs Luis Piñero M. — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Gladys Corothie contra una sentencia del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La accionante alegó violaciones a sus derechos en relación con una servidumbre de paso y la caducidad de una acción interdictal. La Sala, tras analizar los alegatos, concluyó que el Juzgado Superior actuó dentro de su competencia y no se constató la violación de derechos constitucionales.

Visto que la accionante impugna la sentencia del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas “por violación de la normativa contenida en el Código Civil referente a las servidumbres de paso y de lo relativo a la caducidad de la acción posesoria respecto al interdicto de amparo interpuesto por el ciudadano Luis Piñero contra la accionante Gladys Corothie”, en vista de que la servidumbre de paso de la cual aquél se dice derechohabiente, fue perturbada por la susodicha accionante “al cerrar con candado el portón de su garaje con lo que impidió el uso y goce de la referida servidumbre”; Visto que la accionante alega que la sentencia impugnada no se pronunció respecto de la caducidad de la acción interdictal y omitió el análisis de las declaraciones de los testigos; Visto que la accionante alega, por ello, la violación del derecho a la defensa previsto en el artículo 68 de la Constitución de 1961; Visto que la accionante alega, también, que el Tribunal presuntamente agraviante actuó con abuso de poder y fuera de su competencia, para lo cual invoca lo previsto en los artículos 49, 59, 67, 101, 102, 117, 118, 119 y 121, eiusdem; Visto que el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, analizó detalladamente los alegatos de la accionante en el folio 26 de autos, donde consideró inexistente la supuesta confesión del querellante en el interdicto de amparo que originó la presente acción, declaró válida la constitución originaria de la servidumbre de paso controvertida (folio 30), decidió la inadmisibilidad de la prueba testimonial por pretender modificar o desconocer “el alcance de las previsiones establecidas en los documentos públicos en los que se estableció la servidumbre de especie”, apreció en todo su valor el testimonio que avaló la pretensión del querellante, resolvió la posesión legitima de éste y consideró probada la perturbación de que fue objeto el actor, tres meses antes de que intentara la acción interdictal antes citada (folios 35 y 36); Visto que la acción de amparo está en posición de restituir el goce de situaciones jurídicas subjetivas cuando “...la norma constitucional (presuntamente infringida) resulta directamente aplicable a la solución del conflicto, esto es, si la situación en la cual surgió la controversia era canalizable según los fines y contenido de un precepto constitucional o de una norma de rango inferior en cuyo contenido esté reflejado o se encuentra implícito un derecho humano; entonces, al acto, actuación u omisión que le desconoció debe imputársele la causación de una lesión a la regularidad constitucional y, en consecuencia, ser pasible del procedimiento de tutela en vía de amparo, una vez agotada la vía ordinaria, salvo las excepciones que a este requisito ha venido señalando la Sala (ver n° 848/2000, 1592/2000, 82/2001 y 331/2001). Si tal no fuere, es decir, si la determinada situación jurídica podía conducirse a través de normas en cuyos términos no se verifica el contenido esencial de un derecho fundamental, las consecuencias derivadas de la no aplicación o falsa aplicación de dichas normas devendría revisable por la jurisdicción ordinaria” (vid. Sentencia de la Sala n° 462 de 06.04.01, caso: Guardia Nacional), como entiende la Sala que es la situación subyacente a la denuncia formulada.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Alfredo Garagorry Castro, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana GLADYS COROTHIE, contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 1999 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo, se REVOCA la medida cautelar de suspensión de efectos de la mencionada sentencia, acordada al tiempo de declarar admisible la presente acción. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de la Sala que oficie al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, informándole de la revocación de la referida medida cautelar. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.