Sentencia N° 1095 — Sala Constitucional del TSJ, 5 de junio de 2007

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por HANOVER-PGN-COMPRESSOR, C.A. contra una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado con lugar la acción de amparo presentada por Omar José Oliveros. La Sala encontró que la sentencia recurrida violaba el principio de cosa juzgada y el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que existía una decisión previa que confirmaba la validez del acto dictado por el Inspector del Trabajo del Estado Monagas. Por lo tanto, se declaró con lugar el recurso de apelación y se revocó la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

La representación de la parte actora presentó solicitud de amparo, con fundamento en los siguientes alegatos: Que el juez que dictó la sentencia es incompetente por el territorio y el fallo está viciado por usurpación de autoridad, pues se atribuyó para sí, la competencia del juez del Estado Monagas, lugar donde se encuentra “… la sede del lugar de trabajo …” donde prestaba sus servicios el ciudadano Omar José Oliveros Velásquez. Que el trabajador incurrió en lo que se denomina “fraude procesal”, por cuanto, conociendo que existía una decisión válida dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, competente por el territorio, la cual fue confirmada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas e impugnada en casación, se dirigió a la Inspectoría del Trabajo de El Tigre y luego, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui para interponer un acción de amparo constitucional. Igualmente alegaron, que el juez incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, por cuanto, tomó como válida una prueba que no tenía valor procesal alguna, ya que el indicado trabajador alegó de manera sobrevenida la inamovilidad de su cargo, con fundamento en una declaración unilateral emitida por un médico particular que nunca fue confirmada en el proceso. Que además, existía con respecto al caso, cosa juzgada administrativa, en virtud de que la decisión tomada por el Inspector del Trabajo del Estado Anzoátegui no consideró que existía una decisión previa dictada por el Inspector del Trabajo de la Circunscripción Territorial competente, esto es, el Estado Monagas. Que existiendo una decisión definitivamente firme y confirmada por los órganos jurisdiccionales en dos instancias, el Inspector del Trabajo del Estado Anzoátegui no podía dictar un acto sobre el mismo caso, que fue previamente decidido con carácter definitivo y creó claros derechos a su representada.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación que se interpuso por parte de la representación judicial del tercero interviniente, ciudadano OMAR JOSÉ OLIVEROS VELÁSQUEZ, contra el fallo dictado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 30 de enero de 2003. SEGUNDO: REVOCA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 30 de enero de 2003, en la causa relativa a la acción de amparo constitucional interpuesta por HANOVER-PGN-COMPRESSOR, C.A., contra el acto judicial constituido por la sentencia dictada el 2 de julio de 2002 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental. TERCERO: IMPROCEDENTE, la acción de amparo interpuesta por HANOVER-PGN-COMPRESSOR, C.A., contra el acto judicial constituido por la sentencia dictada el 2 de julio de 2002 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.