Sentencia N° 1091 Constitucional TSJ 2001: Domingo Gustavo Ramírez Monja vs Fiscal General de la Republica

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Domingo Gustavo Ramírez Monja contra el Fiscal General de la República y funcionarios del Ministerio Público. La decisión se basa en la existencia de cosa juzgada formal, dado que la misma acción había sido previamente declarada inadmisible en un fallo anterior. Se argumenta que no se evidencian amenazas inminentes a los derechos del accionante y que la acción busca crear un estatus jurídico que no existía antes de su interposición, lo cual contradice la naturaleza del amparo constitucional.

La Sala desestimó igualmente el amparo propuesto con base en los siguientes argumentos: “...No se desprende elemento que evidencie ninguna gestión por parte del accionante, tendiente a solicitar asilo y refugio ante las autoridades venezolanas competentes. Tampoco se evidencia amenaza alguna de negativa por parte de los órganos señalados como agraviantes, de concederle al accionante asilo y refugio, ni de impedir o negar a éste la obtención de la ciudadanía venezolana, lo que lleva a esta Sala a afirmar que no existe una amenaza inminente de violación de los derechos constitucionales por parte de los imputados, en los términos del numeral 2 del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual la acción propuesta resulta igualmente inadmisible, y así se declara.”

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano DOMINGO GUSTAVO RAMÍREZ MONJA, en contra del ciudadano FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, para ese entonces desempeñado por RAFAEL PÉREZ PERDOMO y los funcionarios del Ministerio Público Adolfo Pérez Guerrero, Virginia Álvarez, Adriana González, Maria Ester Rivero, Dalia Parra, Glenda Small, Marisabel Suero, Raúl Flores, Franklin Fernández, Jesús Cárdenas y el Sargento García, con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber dictado esta Sala sentencia en fecha 20 de enero de 2000 con la misma identidad subjetiva y objetiva que la presente, configurándose los efectos de la COSA JUZGADA FORMAL.