Sentencia N° 1090 Constitucional TSJ 2000: Sociedad Civil Universidad Yacambú — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 27 de septiembre de 2000, dictó sentencia en la que se declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la Sociedad Civil Universidad Yacambú contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara. La Sala argumenta que la actuación de la Juez Accidental María del Pilar Añez Araujo, en el juicio seguido por Raúl Quero Silva, es incompatible con el ejercicio de su cargo titular, lo que vulnera el derecho al debido proceso del accionante.

Según la recurrida, la providencia dictada, en fecha 16 de octubre de 1998, por el Juzgado Tercero Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual la Juez María del Pilar Añez Araujo constituyó el referido Juzgado Accidental y se abocó al conocimiento de la causa, era un auto de mera sustanciación y, en consecuencia, inapelable. No obstante, entra a juzgar a su respecto sobre la base de la potestad anulatoria que le atribuye, principalmente, la disposición contenida en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, a los fines del ejercicio de dicha potestad, la citada disposición presupone la competencia del Tribunal Superior para conocer en grado de la causa. En el caso de autos, el conocimiento de la citada providencia ordenatoria fue deferido al a quo por virtud del recurso de apelación. Si, a juicio del a quo, la providencia era irrecurrible, el citado Tribunal carecía de competencia para conocer en grado de la causa y, por tanto, no podía juzgar sobre la validez de aquélla. A pesar de esta circunstancia, y vista la necesidad de juzgar sobre el agravio constitucional denunciado, la Sala procede al examen del fallo objeto de la acción de amparo. Según la recurrida, “ningún Juez permanente puede ejercer cargo alguno remunerado que no esté dentro del marco de las excepciones antes indicadas; consecuencialmente, siendo que la actuación de un Juez Accidental configura una función pública que genera una remuneración, por mandato expreso de la Ley de Arancel Judicial, resulta forzoso inferir que no le es dado entonces a ningún Juez Permanente aún siendo suplente de otro Tribunal por legítima designación del órgano competente, asumir funciones de Juez Accidental en una determinada causa que cursa en un Tribunal distinto en donde ejerce sus funciones de Juez permanente, por impedírselo tajantemente una prohibición expresa de la Ley.”

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ANULA la sentencia dictada, en fecha 5 de mayo de 1999, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD YACAMBÚ contra la citada sentencia. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.