Sentencia N° 1088 Constitucional TSJ 2000: Eduardo García vs Comisión Legislativa Nacional — La improcedencia de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional presentada por Eduardo García contra la Comisión Legislativa Nacional, argumentando que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos. Se reitera que el Régimen de Transición del Poder Público fue declarado válido y que la Comisión Legislativa tiene la competencia para legislar en materias de interés nacional. La Sala aclara que la exclusividad en la presentación de proyectos de ley no está reservada únicamente al Tribunal Supremo de Justicia, permitiendo que otros órganos del Poder Público también puedan presentar tales iniciativas.

Reitera esta Sala Constitucional que el Régimen de Transición del Poder Público fue declarado válido por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de enero de 2000. Dicho acto legislativo constituye un cuerpo de normas constituyentes, es decir, un acto de decisión política fundamental (Cf. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, Madrid, Revista de Derecho Privado, pp. 105 y ss.), orgánicamente inicial, autónomo, incondicionado e indivisible (G. Burdeau, Traté de Science Politique, Tomo III, París, L.G.D.J, 1950, pp. 173 y 175; G. Jellinek, Teoría General del Estado, México, Cía Editorial Continental, S.A., 1958, pp. 405 y ss.). Por tanto, es necesario observar una vez más que, desde el Referéndum del 25 de abril de 1999, han venido discurriendo dos regímenes transitorios, a saber: 1º: desde el 25-04-99, fecha del Referéndum aprobatorio hasta el 30-12-99, fecha de la promulgación y publicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y 2º: desde el 30-12-99 hasta la realización de las elecciones de los poderes públicos, el cual cursa actualmente, conforme a lo dispuesto en la vigente Constitución, en las Bases y Preguntas del Referéndum del 25-04-99 y en las normas de la Asamblea Nacional Constituyente sancionadas conforme a éstas. En consecuencia, la transitoriedad, en sus dos momentos, está regida, primero, por las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su competencia constituyente (Pregunta 1ª y Bases de Referéndum del 25-04-99, en especial la Base Octava); y segundo, por las normas transitorias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Vid. Sentencia nº 179 de fecha 28 de marzo de 2000, caso Gonzalo Pérez Hernández y Luis Morales Parada). Las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente tienen un fundamento supraconstitucional respecto de la Constitución de 1961 y constitucional respecto de la de 1999. Por tanto, la creación por dicho organismo de la Comisión Legislativa Nacional, ente al cual corresponde asumir con carácter transitorio la función legislativa “... en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”, responde al marco jurídico previsto por las normas constituyentes que le sirvieron de base. De igual forma, la designación de sus miembros fue dispuesta por la Asamblea Nacional Constituyente dentro del propio texto del Régimen de Transición del Poder Público, como se aprecia en el primer aparte de su artículo 5º, por lo que el cumplimiento de las funciones por el ente colectivo (Comisión Legislativa Nacional), con sujeción a la normativa aplicable, constituye legítimo ejercicio de la competencia asignada.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional incoada por EDUARDO GARCÍA, contra la Comisión Legislativa Nacional. Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.