Sentencia N° 1087 Constitucional TSJ 2001: Jesús Carmelo Jiménez López vs Asociación Civil de Autos Libres de Alquiler…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Manuel Ignacio Castillo Mata en representación de Jesús Carmelo Jiménez López, contra el fallo del 2 de marzo de 2000 del Tribunal Superior Primero del Trabajo. La Sala argumenta que la acción no puede ser utilizada para obtener un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la causa ya examinada en dos instancias judiciales. Se establece que el derecho a la defensa puede ser vulnerado por actividades de entes privados, pero en este caso, la acción no es procedente.

Llevado a cabo un estudio de las actas que componen el presente expediente, esta Sala expresa de seguidas las argumentaciones que fundan su decisión: La Sala aprecia que, en el caso bajo examen, el abogado Manuel Castillo presentó amparo constitucional autónomo contra la decisión del 2 de marzo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la decisión dictada el 10 de noviembre de 1999 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional propuesta por la representación judicial del ciudadano Jesús Carmelo Jiménez López, contra la Asociación Civil de Autos Libres de Alquiler y Por Puesto “La Entrada”. El accionante adujo en la solicitud consignada ante esta Sala Constitucional que la decisión dictada por el referido Juzgado Superior violó su derecho constitucional a la defensa, al haber dejado de analizar pruebas y alegatos que oportunamente presentara durante el trámite del recurso de apelación interpuesto. En tal sentido, expuso que el sentenciador accionado pronunció “una alegre y ligera sentencia, donde por interpretación en contrario puede entenderse, que a criterio de quien sentencia no existe violación del derecho a la defensa, si quien vulnera el derecho señalado es un ente privado, interpretación esta que se desprende al confirmar la sentencia de amparo dictada por el tribunal de primera instancia”. Vistos estos alegatos, es menester señalar que la jurisprudencia de la Sala ha establecido que la acción de amparo constitucional no puede intentarse con el propósito de obtener un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la causa, cuando éste ya ha sido sometido a examen por las dos instancias que ordena la Ley Orgánica que rige la materia. Sobre estos supuestos, advierte la Sala que el legislador ha dispuesto que el procedimiento de amparo constitucional cuente con dos instancias judiciales para determinar la verdad de los hechos, que son primera instancia y, la consulta o apelación que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con lo cual se cumple con el requisito de la doble instancia que exige el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). En este orden de ideas, recuerda la Sala lo expresado anteriormente en fallo del 27 de junio de 2000, en cuanto a que “la jurisdicción de amparo sólo actúa por denuncias contra sentencias proferidas en juicios de tutela constitucional, cuando las decisiones tomadas en los mismos infringen derechos y garantías constitucionales ex novo; es decir, en aquellos casos en que dichas decisiones de última instancia causen una lesión a la situación jurídica de alguna de las partes, de los terceros intervinientes o de un particular ajeno al juicio distinta (o si de igual naturaleza, con un origen y esencia diverso) a la que constituyó el objeto del debate en el primigenio juicio de amparo” (Caso Elvira Consuelo Barral de Fortunez, sentencia Nº 638, siguiendo lo sentado en el caso Francia Josefina Rondón Astor, sentencia Nº 44 de esta Sala, del 2 de marzo de 2000). En el presente caso, considera la Sala que, de los argumentos expuestos por el accionante sobre las presuntas violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso, se desprende el interés del mismo de replantear, ante esta Sala, la controversia ya conocida y examinada por dos instancias y lograr con ello, de esa manera, una tercera instancia donde se reexaminen sus planteamientos, lo que no resulta admisible a criterio de esta Sala Constitucional.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano Jesús Carmelo Jiménez López, contra el fallo del 2 de marzo de 2000, dictado por el Tribunal Superior Primero del Trabajo dela Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la decisión dictada el 10 de noviembre de 1999 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, en el juicio de amparo constitucional que el referido ciudadano propuso contra la Asociación Civil de Autos Libres de Alquiler y Por Puesto “La Entrada”. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.