Sentencia N° 1073 Constitucional TSJ 2001: Carlos Andrés Higuera Morillo vs Da Vinci Bebidas y Alimentos, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la demanda de amparo constitucional interpuesta por Carlos Andrés Higuera Morillo contra la sentencia del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo del Estado Zulia. La demanda se basaba en la supuesta violación del derecho al debido proceso, argumentando que el tribunal de alzada había ordenado la reposición de la causa por no haberse realizado una citación válida a la parte demandada. La Sala concluye que el juez actuó dentro de su competencia al decidir la reposición, garantizando así el derecho a la defensa de las partes.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la demanda de amparo intentada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. A tal fin, luego de revisadas las actas procesales, estima que el amparo interpuesto debe ser declarado improcedente, toda vez que no están presentes los supuestos de procedencia exigidos por la jurisprudencia de la Sala, en los casos en que se intente amparo contra decisiones judiciales. En efecto, la Sala ha establecido que la demanda de amparo contra actuaciones judiciales, prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia y en abuso de poder, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias. En este caso, el demandante fundamentó la violación del derecho al debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en una apreciación errónea del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al haber ordenado la reposición de la causa al estado de que se practicara nueva citación de la demandada, sobre la base de que ésta no había sido citada válidamente en la persona de su representante legal, según consta en copia certificada del documento constitutivo estatutario de la sociedad mercantil “Da Vinci Bebidas y Alimentos, C.A.”. En este orden de ideas, la Sala encuentra que el Juez del tribunal de Alzada no decidió fuera de su competencia, ni en abuso de poder, ni extralimitación de atribuciones, por cuanto al mismo le está dado reponer la causa al estado de que se practique la citación de la demandada en la persona de su representante legal, sin que esto constituya violación al debido proceso del quejoso. Por el contrario, por imperio de los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 206 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, garantizando el derecho a la defensa de las partes.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo constitucional ejercida por el ciudadano CARLOS ANDRÉS HIGUERA MORILLO, titular de la cédula de identidad n° 12.488.198, representado por la abogada Norelly Donado De Higuera, inscrita en el Inpreabogado bajo el n°43.943, contra la sentencia dictada, el 10 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.