Sentencia N° 1069 Constitucional TSJ 2000: Miguela Aponte — La admisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando, declara admisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Miguela Aponte contra una sentencia de la Sala nº 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La acción se fundamenta en la presunta violación del derecho al debido proceso, alegando que la decisión de la Corte de Apelaciones es contradictoria y que se debe acudir a la jurisdicción civil para resolver el asunto. La Sala, tras analizar la competencia, se declara competente para conocer del caso y admite la solicitud de amparo.

La acción ha sido ejercida contra una decisión dictada por una Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de diciembre de 1999, quien revocó la sentencia proveída por el extinto Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se condenó civilmente a la ciudadana Diega Herrera al pago de setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000,00) y “la declara sin lugar en la jurisdicción penal, dejando a salvo la acción que la misma debiese intentar ante los Tribunales de la Jurisdicción Civil Ordinaria, en reclamo de su pretensión”. Tal fallo, aduce la accionante, viola el derecho al debido proceso, el cual comporta la tutela judicial efectiva de los derechos de una persona que en el presente caso se trata del honor y la reputación, así como el derecho a ser juzgado por los jueces naturales. Agrega que el pronunciamiento es contradictorio, pues el mismo señala que no deniega justicia, ni absuelve de la instancia pero declara sin lugar la demanda civil con fundamento en que se tiene que acudir a la jurisdicción civil, indica que el competente para decidir es un tribunal civil, pero por otro lado declara sin lugar la demanda que estaba sometida a su conocimiento de conformidad con el artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por lo cual, si se consideraba incompetente para declarar la voluntad de la ley no ha debido decidir. En tal sentido, acorde con la jurisprudencia de esta Sala Constitucional que ha dejado establecido que a ella corresponde el conocimiento directo y en única instancia de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones emanadas de las Cortes de Apelaciones en lo Penal, como instancia superior de las mismas y de conformidad con los artículos 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala debe declararse competente. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana MIGUELA APONTE, asistida por el abogado Tomás Rodríguez Villalba, contra la sentencia de la Sala nº 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de diciembre de 1999; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 1º) Notificar mediante oficio al Juez Presidente de la Sala nº 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de la acción de amparo ejercida contra la sentencia emanada de ese despacho en fecha 28 de diciembre de 1999, para que concurra a enterarse del día y hora, que fije la referida Secretaría, en que se realizará la audiencia constitucional y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. Se hace saber que la falta de comparecencia del referido Juez, no significará la aceptación de los hechos; 2º) Solicitar al Juez Presidente de la Sala nº 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que informe de la presente acción de amparo a la ciudadana Diega Herrera, parte acusada en la causa penal seguida por la comisión del delito de difamación agravada continuada, respecto de la cual fue emitida la sentencia accionada en amparo. El Tribunal deberá hacer saber, oportunamente, a esta Sala sobre el cumplimiento de este mandamiento; 3º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem; 4º) Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, una vez verificada la última notificación en el presente expediente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.