Sentencia N° 1058 — Sala Constitucional del TSJ, 27 de noviembre de 2024

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por un grupo de sociedades de comercio contra la Alcaldía del Municipio Zamora, en relación al cobro de impuestos basado en una unidad tributaria de diecisiete bolívares soberanos. La decisión del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, que había declarado con lugar la acción, fue sometida a consulta, pero la Sala Constitucional no acepta dicha remisión, declarando firme el fallo original. Se ordena a la Alcaldía abstenerse de cobrar la base de la unidad tributaria a ese valor.

Corresponde a esta Sala efectuar el análisis del asunto sometido a su conocimiento y, en tal sentido, advierte que la controversia planteada versa sobre la acción de amparo constitucional ejercida contra el Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Aragua, en virtud del cobro con base en la Unidad Tributaria de diecisiete (17) bolívares soberanos, para el pago de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, causa que fue conocida por el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, siendo declarada con lugar la acción de amparo constitucional por decisión del 5 de febrero de 2019, luego de lo cual el tribunal, por auto del 11 de junio de 2019 (folio 182 pieza anexo nro. 2), remitió en consulta a esta Sala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el criterio sentado por esta Sala mediante sentencia nro. 7 del 1° de febrero de 2000, caso: “José Amado Mejía Betancourt”, fallo este que es del tenor siguiente: “(…Omissis…) Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible de consulta, deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia, a menos que por el volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforme al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia. (…Omissis…). En el caso de autos, se aprecia de los autos que contra el mencionado fallo la representación judicial del ente agraviante -Municipio Zamora del Estado Aragua (Servicio de Administración Tributaria de la aludida entidad)- no ejerció recurso de apelación, ello a pesar de constar en autos que el Alguacil del aludido tribunal, el 26 de febrero de 2019 [folios 169 y 175 de la pieza anexo nro. 2], practicó la notificación de la decisión tanto al Alcalde del Municipio Zamora como al Síndico Procurador Municipal del aludido municipio. Ahora bien, la causa fue remitida a esta Sala a los fines de que conozca, en consulta, la conformidad a derecho de la decisión dictada en primera instancia, en atención a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo cual resulta necesario invocar el criterio sentado por esta misma Sala en decisión nro. 1307 del 22 de junio de 2005, caso: “Ana Mercedes Bermúdez”, en la que se eliminó la figura de la consulta en materia de amparo constitucional, lo cual fue expuesto en los términos siguientes: “1. Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone: (…Omissis…) La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación. Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo. El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma. Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal. En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación. Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho ‘a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ y a una justicia ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’ y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: (…)’. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número. Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional. En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los

Se declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los contribuyentes y se ordena a la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Aragua a abstenerse a cobrar la base de la unidad tributaria a un valor de diecisiete bolívares soberanos (Bs.S 17,00).