Sentencia N° 105 Constitucional TSJ 2000: Miguel Sargi Achi vs Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Sargi Achi, quien alegó la falta de pronunciamiento del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal respecto a la entrega de un vehículo retenido. La Sala concluye que la omisión del juez constituye una violación al derecho de acceso a la justicia y a la propiedad, confirmando la decisión del Juzgado Superior que declaró admisible la acción de amparo. Se ordena la entrega inmediata del vehículo al demandante.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual “será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad”; tiene al respecto la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

CONFIRMA la decisión objeto de esta consulta, dictada en fecha 05 de febrero de 1999 por el Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante la cual se declaró admisible la presente acción de amparo constitucional, aclarando no obstante que ha debido declararla en todo caso con lugar, dada la motivación en la que se sustenta.