Sentencia N° 1049 Constitucional TSJ 2001: FERMÍN TORO y LUIS BRITTO GARCÍA vs GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de nulidad interpuesta por los abogados Fermín Toro y Luis Britto García, en contra del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Venezuela para suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por mar, así como del Protocolo relacionado. La Sala analizó si los acuerdos cumplían con las formalidades exigidas por la Constitución de 1961 y la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En principio esta Sala entra a analizar si el Convenio suscrito en 1991 y ratificado en 1997, cumplió con las formalidades exigidas en la Constitución y, a tal efecto, observa lo siguiente: La norma contenida en el artículo 128, de la Constitución de 1961, establecía: “Artículo 128. Los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional deberán ser aprobados mediante ley especial para que tengan validez, salvo que mediante ellos se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, de aplicar principios expresamente reconocidos por ella, de ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o de ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la Comisión Delegada del congreso podrá autorizar la ejecución provisional de tratados o convenios internacionales cuya urgencia así lo requiera, los cuales serán sometidos, en todo caso, a la posterior aprobación o improbación del Congreso. En todo caso, El ejecutivo Nacional dará cuenta al Congreso, en sus próximas sesiones, de todos los acuerdos jurídicos internacionales que celebre, con indicación precisa de su carácter y contenido, estén o no sujetos a su aprobación” (Resaltado de la Sala). Parte de la esencia de la norma antes transcrita, fue recogida por el Constituyente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su artículo 154, prevé lo siguiente: “Artículo 154. Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional” (Resaltado de la Sala). Respecto a esta excepción que disponía la Constitución de 1961 y ahora la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debemos señalar que, el Acuerdo impugnado fue dictado, vista la necesidad de cooperación internacional para suprimir el tráfico ilícito por mar, reconocida en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en su Protocolo de 1972, en la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, esta última, publicada en fecha 21 de junio de 1991, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 34.741 que entre las normas que la componen se observan las siguientes: “(...)

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de nulidad interpuesta por FERMÍN TORO y LUIS BRITTO GARCÍA contra el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA PARA SUPRIMIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS POR MAR, suscrito en Caracas el 9 de noviembre de 1991, y de manera accesoria la nulidad del PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA y EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA AL ACUERDO PARA SUPRIMIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS POR MAR, suscrito en Caracas el 23 de julio de 1997.