Sentencia N° 1048 Constitucional TSJ 2001: Marvin Betermi de Rodríguez vs Carlos Rodríguez — Incompetencia en consulta de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Quinto Agrario de Monagas, en relación a una acción de amparo constitucional. Se determinó que la competencia corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dado que el Juzgado Superior había declarado con lugar la acción de amparo y no se interpuso apelación en el lapso legal. Por lo tanto, la Sala se declaró incompetente para conocer del caso y ordenó la remisión de los autos a la Corte Primera.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto observa: Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole a éste distribuir entre los distintos órganos las potestades y competencias en que se manifiesta el ejercicio del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, sobre la sentencia de fecha 4 de noviembre de 1999, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Marvin Betermi de Rodríguez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana PURA MARÍA GALLARDO, contra el Director de la Zona Educativa del Estado Monagas, ciudadano Carlos Rodríguez; en consecuencia, ORDENA la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional su conocimiento y decisión.