Sentencia N° 104 Constitucional TSJ 2000: Avelina Coromoto Vizcaya Campos — La improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Avelina Coromoto Vizcaya Campos contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. La Sala considera que no se han violado los derechos constitucionales alegados por la accionante, ya que no se encontraron irregularidades en el proceso que afectaran su derecho a la defensa y al debido proceso.

El amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario, por lo que su procedencia está limitada sólo a casos extremos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes. En el caso de autos, a tres derechos constitucionales considera el accionante en amparo que ha producido lesión la sentencia impugnada: derecho a la defensa, derecho al debido proceso y al derecho de propiedad. En relación con los dos primeros, esta Sala no encuentra evidencia alguna en los autos de irregularidades o actos que hayan privado a la proponente del amparo de una defensa o de la posibilidad de traer al proceso hechos o pruebas que le favorezcan, así como tampoco transgresiones, inconsistencias ni arbitrariedades en la conducción del proceso ni que configuren abuso de poder o extralimitación de funciones. El sentenciador cuya decisión se controvierte ha actuado con apego a derecho, con respeto al principio de igualdad procesal, sin interferir de manera indebida en la iniciativa ni coartar las acciones que corresponden a las partes. Así se declara. Con relación al derecho de propiedad sobre el inmueble objeto del litigio, el cual entiende lesionado la proponente del amparo, esta Sala tampoco encuentra en la decisión accionada, elemento alguno que haya producido o del cual haya podido derivarse la lesión alegada. El sentenciador se fundamentó en los elementos relevantes incorporados a los autos, en particular en la declaración de confesión ficta producida en primera instancia, con lo cual la causa quedó circunscrita al fondo de la acción propuesta por la parte actora y a los hechos relacionados con ella referidos en el libelo. Aún más, el juez de la segunda instancia, cuya sentencia es impugnada mediante la presente acción de amparo, no sólo admitió sino que consideró los documentos públicos, un hecho nuevo traído a juicio por el requirente del beneficio de amparo; sólo que consideró que su contenido y la razón o propósito para el cual se esgrimen, eran ajenos al fondo de la litis, de naturaleza petitoria.

Por las consideraciones que anteceden y las conclusiones que de ellas han sido deducidas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional intentada contra la decisión dictada en fecha 27 de julio de 1999 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la cual se declaró sin lugar la apelación interpuesta por la demandada, Avelina Vizcaya Campos, contra la decisión favorable a la acción reivindicatoria emitida, actuando en primera instancia, por el Juzgado del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y la cual había sido declarada inadmisible por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se confirman los efectos de la sentencia consultada en el sentido declarado de su improcedencia y ordena remitir el expediente al mencionado Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara para los fines legales consiguientes.