Sentencia N° 1037 Constitucional TSJ 2000: CARMEN YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ y CARMEN… vs Estannous Sara — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por las ciudadanas Carmen Yolanda Pérez González y Carmen Yolanda Vaillant de Rodríguez contra la sentencia del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La Sala concluye que la acción es improcedente de plano, argumentando que las modificaciones realizadas por el Juzgado Décimo de Primera Instancia no constituyen una alteración sustancial de la decisión original, ya que el objeto de la controversia se mantuvo intacto. Se resalta que no se evidencia una lesión al orden constitucional ni a los derechos de la parte actora.

Observa la Sala, que lo denunciado en este caso, referente a que la orden girada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como los actos subsecuentes, en el sentido de informar al Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal la identificación del inmueble que fuera objeto de litigio entre los ciudadanos Carmen Yolanda Pérez González, Carmen Yolanda Vaillant de Rodríguez, como accionantes, y Estannous Sara como demandado, infringió el derecho al debido proceso de la parte actora, así como que modificó el contenido de la sentencia, carece de los elementos de razón que le confieren entidad de un conflicto capaz de componerse a través de la jurisdicción constitucional. Puede, de una manera descriptiva, reducirse la denuncia en cuestión a la comisión por parte del Juzgado Décimo de Primera Instancia de modificaciones sustanciales a la decisión de fecha 11 de agosto de 1994, que tal como fue referido por la accionante, ordenó a la misma otorgar el documento de propiedad del inmueble en litigio a favor del demandado (Estannous Sara). Tales modificaciones fueron presuntamente cometidas al ordenar dicho tribunal la reunión en una misma acta de diversas actuaciones judiciales, tanto del juez como de las partes; la inclusión en la misma de datos de un inmueble no especificados en la sentencia definitiva; la inexactitud de ciertos datos relativos a la ubicación del inmueble. A mayor abundamiento, examinado como fue el contenido del presente expediente, estima esta Sala que lo denunciado en este caso, no trae a debate una situación capaz de causar una lesión al orden constitucional, no sólo porque formalmente lo discutido no se afinca en hechos de tal gravedad que viole algún derecho o principio constitucional, sino, además, en razón de la inexactitud de los propios argumentos. Así tenemos el relativo a la violación al principio de incolumidad de la cosa juzgada, por el mero abundamiento que realizó el juez de instancia en la identificación del inmueble; detalles de que, si bien es cierto, carecía la decisión definitiva, no constituyen una modificación de lo decidido, toda vez que el objeto sobre el cual recayó la decisión era, a todas luces, el mismo a que se refirieron los actos denunciados como lesivos (el fallo de fecha 20 de mayo de 1999, así como la certificación de fecha 24 del mismo mes y año, ambas del Juzgado Décimo tantas veces mencionado). Por otra parte, el contenido del fallo en lo que hace a los sujetos obligados y a los efectos del mandato, tampoco sufre mella alguna por la actuación denunciada. En fin, actos, informaciones y hechos que no llegan a tener una entidad que desdiga de tal manera de la actuación de los órganos judiciales intervinientes en la controversia, esto es, que induzca siquiera a considerar necesaria la apertura de un procedimiento donde se ventilen dichos alegatos. Siendo así, la presente acción debe declararse improcedente de plano, y así se decide.-

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE DE PLANO la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Aristarco López Astudillo, actuando como apoderado judicial de las ciudadanas CARMEN YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ y CARMEN YOLANDA VAILLANT DE RODRÍGUEZ, contra la sentencia pronunciada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17 de enero de 2000. Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.