Sentencia N° 1032 Constitucional TSJ 2001: Elisaul Ynfante Castillo vs Distribuidora BURR & ONASSIS C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de apelación interpuesto por Elisaul Ynfante Castillo contra una decisión del Juzgado Superior en lo Civil que declaró sin lugar su acción de amparo constitucional. El tribunal a quo había considerado que la medida de secuestro dictada sobre un inmueble no vulneraba derechos constitucionales, ya que el juez actuó dentro de su competencia. La Sala Constitucional, al revisar el caso, concluyó que no existió abuso de poder ni usurpación de funciones por parte del juez, confirmando así el fallo apelado.

Determinada la competencia de esta Sala para conocer del referido recurso de apelación, corresponde ahora pronunciarse sobre el mismo. A tal efecto, observa: La presente acción de amparo, como antes se señaló, se interpuso contra la decisión de fecha 28 de mayo de 1999 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante la cual se decretó medida de secuestro sobre un inmueble consistente en las bienhechurías que conforman el Fundo “Rancho Alegre”, construidas sobre un lote de terreno de propiedad municipal, ubicado en la Carretera Nacional Caramacate del Estado Apure, en el juicio que por cumplimiento de contrato de venta con pacto de reserva interpuso el ciudadano Daniel Alberto Bolívar Beroes contra la sociedad mercantil “Distribuidora Burr & Onassis, C.A.”. El accionante, por su parte, denuncia que la decisión accionada le cercenó sus derechos constitucionales relativos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso, tal como se señaló en el Capítulo II del presente fallo. El tribunal a quo, al conocer en primera instancia la acción de amparo, declaró sin lugar la misma, por considerar que no se encontraban satisfechos los requisitos previstos en el artículo 4 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales. Ahora bien, como se puede apreciar, se está en presencia de una acción de amparo originada como consecuencia de una decisión judicial dictada en un juicio de cumplimiento de contrato de venta con pacto de retracto. En esta decisión judicial, se estableció lo siguiente: “En cuanto a la medida solicitada de secuestro, este Tribunal la acuerda sobre un Inmueble que consiste en las bienhechurías que conforman el Fundo ‘RANCHO ALEGRE’, construidas sobre un lote de terreno propiedad municipal, ubicadas en la Carretera Nacional Caramacate, con los siguientes linderos: NORTE, Carretera Caramacate, SUR, Sabanas, ESTE, fundo que es o fue de Emeterio García y OESTE, fundo que es o fue de Pedro Colina, según documento autenticado por ante la Notaría Pública de San Fernando de Apure, en fecha 22-09-98, bajo el nº 38 del Tomo 87”. Tal medida preventiva fue practicada en el lugar señalado, el día 16 de junio de 1999, momento en el cual el ciudadano ELISAUL YNFANTE CASTILLO (hoy accionante), solicitó el derecho de palabra, y señaló: “Me opongo al decreto de la medida pues afecta los derechos que me corresponden sobre la propiedad donde esta constituido el Tribunal...”. Al igual que el ciudadano antes señalado, la parte demandada en el juicio, esto es, la sociedad mercantil “DISTRIBUIDORA BURR & ONASSIS, C.A.”, representada por el ciudadano OMAR YNFANTE CASTILLO, se opuso a la medida preventiva aludida.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ELISAUL YNFANTE CASTILLO, asistido por el abogado Omar Simón Espinoza López, contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 1999 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur, mediante la cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional propuesta por el señalado ciudadano, contra la decisión dictada el 28 de mayo de 1999, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.