Sentencia N° 1029 Constitucional TSJ 2001: Willian Lara — La improcedencia de la Acción de Interpretación…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la Acción de Interpretación de Normas Constitucionales interpuesta por Willian Lara, Presidente de la Asamblea Nacional, respecto a los artículos 150, 154 y 187.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión se basa en la falta de competencia de la Sala para pronunciarse sobre la materia del recurso, ya que corresponde a otros órganos del poder público.

La Sala observa: 1° El ciudadano William Lara, en su carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, interpuso acción autónoma de interpretación constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335, en concordancia con el numeral 6 del artículo 266 y los artículos 26, 334 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela; 2° El referido Convenio es un tratado – contrato bilateral que se ha celebrado de acuerdo con el artículo 234.4 y 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 3° El susodicho Convenio se fundamenta en el “interés común para promover y fomentar el progreso de sus respectivas economías y las ventajas recíprocas que resultan de una cooperación que tenga resultados efectivos en el avance económico y social de los respectivos países y en la integración de América Latina y el Caribe” (cursivas de la Sala); 4° El artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la aprobación de la Asamblea Nacional de los contratos de interés público nacional en los casos que determine la ley; y el primer acápite establece, implícitamente, una clasificación de interés público (categoría genérica) y de los intereses municipales, estadales o nacionales (categorías específicas) en que se basa la exigencia de que los contratos clasificados en dicho acápite deben ser aprobados por la Asamblea Nacional; 5° El artículo 154 eiusdem prescribe la aprobación, por la Asamblea Nacional, de los tratados celebrados por la República antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, “a excepción de aquéllos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuye expresamente al Ejecutivo Nacional” (subrayado de la Sala); 6° El artículo 187.9 atribuye a la Asamblea Nacional la competencia de “autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 7° El artículo 336.5 eiusdem atribuye a esta Sala la competencia de “verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación”; 8° De las normas citadas se colige: a) la determinación de los contratos de interés nacional es de reserva legal, según lo dispuesto en el artículo 150 y en el artículo 187.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; b) en virtud de ello la Sala “no tiene competencia para pronunciarse sobre la materia del recurso, pues no le es dable suplir las potestades de los órganos del poder público” en razón de que “sería impropio del poder garantizador de la Constitución que ejerce esta Sala, en particular a través de la decisión del recurso de autos, irrumpir motu proprio y de manera indiscriminada en el desempeño de las funciones de otros órganos, de la jerarquía que fuesen, so pretexto de velar por su eficacia y eficiencia, incluso en la realización de la Constitución (vid. Sentencia de la Sala n° 346 del 23 de marzo de 201, Exp. n° 01-0328); c) la doctrina de la Sala en dicha sentencia, por tanto, establece que el ejercicio de las funciones político administrativas, legislativas o electorales es competencia del órgano al que corresponda constitucionalmente, sin que a este Tribunal ex ante le incumba pronunciarse respecto de dicho ejercicio, salvo potestad expresa en tal sentido (cf. Sentencia citada); d) el control constitucional que el artículo 336.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a esta Sala impide, por lo demás, cualquier proferimiento previo de la misma sobre cuestiones que pudieran ser sujetas a la jurisdicción constitucional, conforme al título VIII eiusdem; e) si bien la excepción a que se refiere el artículo 154 pudiera ser objeto del recurso de interpretación indicado, la Sala observa que, según lo que tiene decidido, el recurso resultaría improcedente por pretender su pronunciamiento, con inobservancia de lo dispuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con las normas que regulan el ejercicio de la competencia del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional, y del control previo de la constitucionalidad de los tratados que el artículo 336.5 eiusdem le confiere.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la Acción de Interpretación de Normas Constitucionales que en fecha 21 de mayo de 2001 interpuso el ciudadano Willian Lara en su carácter de Presidente de la ASAMBLEA NACIONAL, con el objeto de determinar el contenido y alcance de los artículos 150, 154 y 187.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.