Sentencia N° 1028 Constitucional TSJ 2000: Juan Alberto Solano vs Fiscal General de la República — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo interpuesta por Juan Alberto Solano contra el Fiscal General de la República, por la supuesta violación de derechos al debido proceso y a la defensa. Se argumenta que el demandante no es parte del proceso penal relacionado con su denuncia, lo que impide que se considere la violación de sus derechos. La Sala reafirma su competencia para conocer de acciones de amparo contra altos funcionarios del Estado y establece que las infracciones legales que no supongan la negación inmediata de derechos no son ventilables por la vía del amparo.

En primer término, debe esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer el caso de autos, y al efecto observa que, como fuera asentado en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala Constitucional es competente para conocer –en única instancia- de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra hechos, actos y omisiones emanados de los altos funcionarios del Estado, a las cuales alude el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por tal motivo, habiéndose incoado la presente acción de amparo constitucional en contra de presuntas actuaciones lesivas del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, esta Sala es competente para conocer de la misma. Así se declara. Determinada su competencia, corresponde a esta Sala examinar la naturaleza de la acción ejercida y, a tal fin, observa: El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alude a la noción de debido proceso y, seguidamente, explana en sus ocho numerales el conjunto de principios rectores que gobiernan tal institución, independientemente de que el procedimiento sea llevado por un ente de la Administración Pública, o bien por ante un órgano jurisdiccional. Se erige así el mencionado artículo, en pilar fundamental del Estado de Derecho y de Justicia propugnado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, pues reafirma la preeminencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ante las manifestaciones autoritarias de los órganos del Poder Público, las cuales pueden ocurrir en los actos administrativos y en los jurisdiccionales.

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo incoada por el ciudadano JUAN ALBERTO SOLANO, titular de la cédula de identidad Nº 2.135.536, en contra del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. No hay condenatoria en costas al accionante, por cuanto la Sala no estima que haya existido temeridad en el ejercicio de la presente acción. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.