Sentencia N° 1027 Constitucional TSJ 2000: Pety Torres Sequera vs Irma Lovera de Sola — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Pety Torres Sequera contra una decisión que declaró con lugar la recusación en su contra. La Sala revocó la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado improcedente el amparo, argumentando que la decisión no se ajustó a lo alegado por la accionante, quien denunció violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso. La Sala declaró con lugar el amparo y dejó sin efecto la decisión de la recusación.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la consulta sobre la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, actuando como tribunal de primera instancia competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para conocer de una acción de amparo ejercida contra el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, y al respecto observa que de acuerdo a los criterios sostenidos en las sentencias de fecha 20 de enero del presente año, (casos Emery Mata y Domingo Gustavo Ramírez Monja), este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara. Decidido lo anterior, toca ahora pronunciarse acerca de dicha consulta, a cuyo fin esta Sala observa que en el fallo consultado, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró improcedente el amparo ejercido por considerar que la accionante pretendía obtener la revisión de un fallo judicial denunciando solamente infracciones de orden legal. Ahora bien, en el escrito que contiene la acción, el cual cursa a los folios 1 al 7 del presente expediente, la accionante afirmó -entre otras cosas- lo siguiente: “...En el presente caso, es evidente que la Juez al dictar la sentencia cuando corría el lapso probatorio abierto ope legis, incurrió en abuso de poder y extralimitación de funciones, conculcando con tal actuación ...(su)... derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a la defensa porque además de silenciar de manera absoluta todo pronunciamiento sobre ...(sus)... alegatos, no se ...(le)... permitió presentar las pruebas que ... (ella)... estimara convenientes para ...(su)... defensa y el debido proceso porque no aplicó el procedimiento previsto para la incidencia de recusación, concretamente el establecido en el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil...”. De la anterior transcripción, se desprende –sin lugar a dudas- que la accionante ha denunciado que la decisión accionada incurre en infracciones constitucionales, específicamente se refiere de manera precisa a la violación de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, que estaban consagrados en el artículo 68 de la Constitución de 1961 y que ahora se recogen en el artículo 49 de la Constitución de 1999.

1.- REVOCA la sentencia dictada el 27 de octubre de 1999, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por la abogada PETY TORRES SEQUERA, actuando en su carácter de juez provisorio del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, contra la decisión de fecha 17 de julio de 1997 dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- Declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional antes referida y se deja sin efecto la decisión dictada en fecha 17 de julio de 1997 por la ciudadana IRMA LOVERA DE SOLA, en su condición de Juez Temporal del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la misma Circunscripción Judicial, mediante la cual se declaró con lugar la recusación formulada por el abogado GENEROSO MAZZOCA, en su carácter de apoderado judicial del Municipio Vargas del Distrito Federal, hoy Estado Vargas, contra la accionante; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se repone la causa al estado de que el prenombrado Juzgado Superior notifique a la abogada PETY TORRES SEQUERA así como al abogado GENEROSO MAZZOCA, en su carácter de apoderado judicial del Municipio Vargas del Distrito Federal, hoy Estado Vargas de la apertura del lapso probatorio previsto en el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil.