Sentencia N° 1024 — Sala Constitucional del TSJ, 28 de junio de 2011

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de avocamiento presentada por el ciudadano Víctor Castillo, quien solicitó el conocimiento de varias causas en las que se presumen violaciones al orden público constitucional. La Sala examinó la competencia para avocarse en las causas y determinó que no se evidenció amenaza al interés público ni violación de derechos constitucionales que justificara el avocamiento.

Como puede apreciarse, de la solicitud de avocamiento no se desprende que se haya configurado alguna vulneración a derechos constitucionales, ni que exista una amenaza de tal magnitud que afecte el orden público. De modo que, al no evidenciarse amenaza alguna del interés público y social o violación directa de los derechos constitucionales que denoten una denegación de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales ante los cuales cursan las causas enumeradas en la solicitud, y que amerite un restablecimiento en el orden de dichos procesos judiciales, estima esta Máxima Juzgadora Constitucional que lo alegado, de la forma como fue planteado, no constituye motivo suficiente que justifique el avocamiento de esta Sala Constitucional, por lo que se declara improcedente la solicitud en cuestión; y así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de avocamiento planteada por el ciudadano VÍCTOR CASTILLO, asistido por el abogado Lewis Stofikm, respecto de las siguientes causas: a) expediente 50.660, de la numeración llevada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contentivo del juicio que por daños y perjuicios materiales y morales sigue el solicitante contra la empresa REDAZÚCAR. b) expediente núm. GPO2-L-2010-302, que cursó ante el Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contentivo del procedimiento por diferencia de prestaciones sociales y 'otros derechos insolutos', seguido contra la Alcaldía del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, en la persona de su representante legal, Alcaldesa Carmen Marisol Castillo y de la Síndico Procuradora Municipal, actualmente remitido por declinatoria de competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, y, c) expediente núm. AAK-2009-12456 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 'donde constan los fondos dinerarios condenados y retenidos a [su] favor, pendientes de ejecución'. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.