Sentencia N° 1022 Constitucional TSJ 2001: Daniel Ortiz vs Daniel Monsalve Torres — Amparo constitucional interpuesto por Daniel…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el amparo constitucional interpuesto por Daniel Ortiz contra la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. El amparo fue fundamentado en la supuesta violación de derechos a ser oído por un tribunal competente y al debido proceso, alegando que la decisión sobre regulación de competencia debió ser tomada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil. La Sala consideró que la decisión del Juzgado Superior fue correcta y que no se vulneraron los derechos del quejoso.

Consta en autos que el amparo fue interpuesto contra la providencia dictada, el 15 de marzo de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró sin lugar la solicitud de regulación de la competencia interpuesta por la apoderada judicial del quejoso, en contra de una decisión interlocutoria proferida por el Juzgado Tercero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con motivo de haber promovido la cuestión previa de incompetencia por la materia y porque el asunto debía acumularse a otro proceso por razones de conexión, en un juicio por cumplimiento de contrato seguido en contra. Adujo el quejoso, en su escrito libelar, que la decisión sobre regulación de competencia objeto del presente amparo debió tomarla el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por ser el superior jerárquico del Juzgado de Municipio que profirió la decisión sobre competencia objeto de regulación. Alegó además que el presunto agraviante debió notificarlo de su abocamiento al conocimiento de las actuaciones relativas a la regulación de competencia así como de la decisión tomada en definitiva al efecto, por haber sido pronunciada fuera del lapso legal y que al no haberlo hecho le cercenó el derecho de “aportar la prueba de la citación del demandado en la ciudad de Mérida por haber pedido la acumulación de causa.” Sobre dichos particulares, la Sala estima que el amparo interpuesto debe ser declarado sin lugar por cuanto la decisión proferida por el Juez presunto agraviante, que señala el quejoso como lesiva de sus derechos a ser juzgado por un Juez competente, a la defensa y al debido proceso, no cercenó, a juicio de esta Sala, tales derechos.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el amparo constitucional interpuesto por el ciudadano DANIEL ORTIZ contra la decisión dictada, el 15 de marzo de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, e IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria formulada por la quejosa el mismo día de haberse leído de forma oral el dispositivo del presente fallo.