Sentencia N° 102 Constitucional TSJ 2000: GLORIA ELENA ROMERO GIMÉNEZ y SEGUNDO JOSE… — La inadmisibilidad de la acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de una sentencia de amparo constitucional interpuesta por Gloria Elena Romero Giménez y Segundo José Giménez Veliz, quienes impugnaron una decisión cautelar dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. La acción fue declarada inadmisible por el tribunal inferior, argumentando que no se agotaron las vías procesales ordinarias.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de Ley planteada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sobre la sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional en fecha 8 de octubre de 1999 y, a tal efecto, observa: Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la presente acción de amparo constitucional, y, al respecto, observa: Esta Sala Constitucional ha señalado en anterior oportunidad, que la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que en primer término precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CONFIRMA la decisión dictada en fecha 8 de octubre de 1999 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la que se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos GLORIA ELENA ROMERO GIMÉNEZ y SEGUNDO JOSE GIMÉNEZ VELIZ, asistidos por el abogado VICENTE ROMERO GIMÉNEZ, contra el acto jurisdiccional dictado en fecha 10 de marzo de 1999 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; por las razones expuestas en el presente fallo. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior a los fines legales consiguientes.