Sentencia N° 1012 Constitucional TSJ 2000: Jose Jesus Quiñones Martinez vs Ministerio de Educación — Apelación de acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una apelación interpuesta por José Jesús Quiñones Martínez contra la decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo que declaró inadmisible su acción de amparo constitucional. La apelación fue motivada por la supuesta violación de derechos y garantías constitucionales en el proceso laboral relacionado con el cobro de prestaciones sociales. La Sala, tras analizar los antecedentes y la normativa aplicable, concluyó que había transcurrido el plazo de prescripción establecido, lo que llevó a declarar inadmisible la acción de amparo.

En efecto la disposición en referencia, para considerar que se ha producido el consentimiento expreso, contempla dos supuestos: a) Que haya transcurrido el lapso de prescripción establecido en leyes especiales, y, b) en su defecto, el transcurso de los seis (6) meses después de la violación o la amenaza del derecho protegido. Ahora bien, el sentenciador consideró que como la situación en estudio se refiere a la relación laboral de un obrero que presta sus servicios en la Administración Pública cuya relación está regida por la Ley Orgánica del Trabajo, y había transcurrido el año que establece como lapso de prescripción dicha ley en su artículo 61, el cual es del siguiente tenor: “Artículo 61: Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”. Con fundamento en tal disposición, se habría producido el consentimiento de la lesión y por tanto el juzgador declaró inadmisible el amparo. No considera esta Sala, en este caso, que el fundamento para considerar el consentimiento de la lesión, esté en el lapso establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para la prescripción de las acciones provenientes de la relación laboral, porque la acción de amparo se ha interpuesto, contra un auto del tribunal que ordenó la reposición del procedimiento para subsanar la falta de citación de la parte demandada (Ministerio de Educación), a través del Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano JOSE JESUS QUIÑONES MARTINEZ contra la sentencia dictada en fecha 17 de marzo de 2000, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta contra la sentencia del 4 de febrero de 1999 emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y en consecuencia se confirma en los términos aquí expresados el fallo sometido a apelación.