Sentencia N° 1009 — Sala Constitucional del TSJ, 11 de mayo de 2006

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la apelación interpuesta por SAÚL JUAQUÍN MORALES LEÓN contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró la terminación del procedimiento en su demanda de amparo. La Sala fundamenta su decisión en la falta de comparecencia del demandante a la audiencia pública y en que los hechos alegados no afectan el orden público. Se reitera que la falta de comparecencia del presunto agraviado puede llevar a la terminación del procedimiento, salvo que se demuestre que los hechos alegados afectan el orden público.

La Sala observa que la sentencia contra la que se apeló declaró la terminación del procedimiento con base en la sentencia nº 7/2000 de esta Sala Constitucional, después que comprobó la falta de comparecencia de la parte actora a la audiencia pública y la ausencia de afectación al orden público. En ese sentido, la Sala observa que, en pronunciamiento nº 7 del año 2000, esta máxima instancia de interpretación constitucional, en atención a lo que preceptúa el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adaptó el procedimiento de amparo Constitucional a las características de oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y no sujeción a formalidades que recoge el Texto Fundamental. En esa oportunidad, se juzgó lo siguiente: Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil para los documentos públicos y en el artículo 1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos. Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su práctica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias. En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso. La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación que se interpuso contra la sentencia que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 7 de diciembre de 2005, que declaró la terminación del procedimiento en la demanda de amparo que el ciudadano SAÚL JUAQUÍN MORALES LEÓN, en su nombre y como Presidente de la COOPERATIVA CENTURY LUKITA R.S., incoó contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). En consecuencia, CONFIRMA la precitada decisión.