Sentencia N° 1002 Constitucional TSJ 2000: Matadero Industrial Centro-Occidental, C.A. vs Ministerio de Fomento

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la admisibilidad de un recurso de nulidad interpuesto por la sociedad Matadero Industrial Centro-Occidental, C.A. contra dos resoluciones del Ministerio de Fomento. La Sala determinó que no era competente para conocer del caso, declinando el conocimiento a la Sala Político Administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión se fundamenta en la distribución de competencias entre las distintas salas del Tribunal Supremo.

La acción a la cual conciernen las actas del proceso está dirigida a lograr un pronunciamiento de nulidad de dos actos administrativos, uno de efectos particulares y el otro de efectos generales, ambos dictados por el entonces Ministerio de Fomento. Tal materia encuadra claramente dentro del marco general de competencias atribuidas al Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en particular en su numeral 5, el cual dispone que le corresponde: “5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.” De tal manera, no cabe duda acerca de la autoridad del órgano para conocer del caso subiudice, sólo que no le compete hacerlo a través de esta Sala Constitucional. En efecto, la distribución funcional específica de las competencias atribuidas al Máximo Tribunal, entre sus diversas Salas, pautada en el aparte último del artículo en referencia, en consonancia con la naturaleza de la materia, es sencilla, directa y clara; no deja lugar a dudas ni se presta a interpretaciones.

Con fundamento en las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que no es competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por los abogados Domingo Sosa Brito, Carmen Aurrecoechea de Bello y María Elena Sosa de Herrera, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil MATADERO INDUSTRIAL CENTRO-OCCIDENTAL, C.A., contra el acto administrativo de efectos particulares contenidos en la Resolución nº 3.200 del Ministerio de Fomento de fecha 14 de septiembre de 1983, y el acto administrativo de efectos generales contenido en la Resolución nº 3526-A, de fecha 7 de agosto de 1979, también del Ministro de Fomento. En consecuencia, DECLINA el conocimiento de la causa en la SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA de este Máximo Tribunal.